La Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas expresa su preocupación por la reforma constitucional aprobada en la Provincia de Jujuy, República Argentina, en tanto institucionaliza la criminalización del derecho a la protesta social.
Naturalmente la reacción del pueblo jujeño fue el rechazo a la restricción de ese derecho humano fundamental, demostrada con una gran movilización social, brutalmente reprimida por el gobierno local.
La reforma que se acaba de jurar mientras el pueblo expresaba su rechazo en las calles, contradice principios de la Constitución Nacional argentina en cuanto al ejercicio de estos derechos fundamentales y de los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente el derecho de libertad de expresión, de manifestación y de protesta.
Si algún déficit presenta el constitucionalismo latinoamericano, y la Constitución Argentina no es la excepción, es que contiene en su texto un reconocimiento amplio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, pero carece, desde el punto de vista jurídico, de procedimientos y técnicas que hagan efectivos en forma rápida los mencionados derechos y garantías.
En nuestra región presenciamos severas crisis del sistema constitucional de gobierno, pero ciertamente ello no se debe al ejercicio por parte de los ciudadanos en forma activa de derechos como la libertad de expresión, reunión y protesta. El cansancio y hastío de la mayoría de nuestras sociedades tiene que ver justamente con la falta de respuesta a sus demandas, al contraste que existe entre las normas constitucionales y las prácticas institucionales de los gobiernos.
En ese contexto el gobierno de la provincia argentina de Jujuy, en lugar de garantizar en forma efectiva los derechos y libertades y dar respuesta a los reclamos de la sociedad, pretende imponer por la fuerza la paz social y la convivencia democrática limitando en forma absoluta el ejercicio del derecho de protesta, reprimiendo a quienes se manifiestan en forma crítica, con la excusa que vulneran otros derechos y libertades.
Lo hace, en primer lugar, mediante una reforma de la Constitución provincial que concentra el poder y limita sustancialmente los derechos de las minorías, formalizando y colonizando los organismos de control y el poder judicial. Para que ello sea posible se requiere anular y criminalizar cualquier forma de protesta social.
En lugar de fortalecer los mecanismos de ejercicio de los derechos de libertad de expresión activa, protesta, libertad de reunión, de manifestación, de crítica al poder, se propone hacerlos inviables y criminalizarlos. En lugar de dar respuesta a los reclamos, la reforma aprobada en Jujuy a espaldas del pueblo pretende blindar el poder concentrado, tanto político como económico, frente a cualquier demanda que los afecte.
A título de ejemplo, en el artículo 36 del proyecto de reforma se reconoce el carácter inviolable de la propiedad privada, demostrando una visión limitada del derecho de propiedad que excluye cualquier referencia al carácter social de la propiedad.
La concepción de la propiedad como bien individual desconoce la existencia de bienes colectivos, o propiedades de los trabajadores como el salario, la jubilación, o el derecho a la vivienda, que merecen una fuerte protección constitucional. Ninguna garantía se prevé para asegurar la vigencia de estos bienes y, fundamentalmente, para que puedan ejercerse con amplitud los derechos de protesta, de huelga, de manifestación, y de expresión activa.
Idéntico debate se plantea respecto del dominio y la titularidad exclusiva de la provincia respecto de los recursos naturales y bienes ambientales en su territorio. Claramente es una maniobra espuria para que el litio y su explotación puedan ponerse al servicio del capital, nacional y transnacional. Se desconoce, asimismo, la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan sin asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten (art. 75 inc. 17 Constitución Nacional).
Se fijan, sí, pautas limitativas de los derechos a la libertad de expresión para proteger el derecho a la paz social y a la convivencia pacífica democrática. Estas pautas no sólo contradicen la Constitución Nacional sino también los estándares elaborados en las últimas dos décadas por los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, justamente frente a los numerosos casos de represión y criminalización de la protesta social en nuestro país y en la región.
No hay duda que el ejercicio del derecho de protesta integra junto con la libertad de expresión un primer derecho humano, al igual que el derecho a la vida, de reunión, de peticionar a las autoridades y tienen prioridad incluso frente a derechos de mero contenido patrimonial.
Es evidente que la reforma pretende únicamente alterar el ejercicio de la libertad de expresión activa, limitando el “ejercicio de la manifestación”, en tanto pueda “incidir negativamente en el disfrute común del espacio público o cercene las libertades individuales y derecho de los habitantes”.
En el mismo sentido, la reforma dispone “La expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta, así como toda perturbación al derecho a la libre circulación de los habitantes de la provincia y sus consecuencias legales”.
Tan cínicos son sus fundamentos que expresan que se deben respetar lo sestándares internacionales de derechos humanos, cuando justamente se está haciendo lo contrario.
El único derecho que está reglamentado y limitado sustancialmente es el de protesta, el de expresión, porque, desde la concepción de quienes redactaron la reforma, la crítica a los poderes altera la paz social y la convivencia.
Entendemos que la reforma constitucional de Jujuy se desacopla de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y abre una etapa de lucha para los trabajadores de Argentina, pero que irradia hacia toda la región, en defensa de sus derechos, frente a quienes propician imponer la paz social y la convivencia, criminalizando la protesta social.
Por todo lo expuesto, desde la ALAL repudiamos enérgicamente la represión ejercida por el gobierno de la provincia de Jujuy contra la manifestación social que rechaza la reforma constitucional, así como el texto aprobado a espaldas del pueblo que contradice derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión, de protesta y de manifestación.
Expresamos asimismo nuestra solidaridad con el pueblo jujeño.
Aprobado en Latinoamérica por el Comité Ejecutivo, a los 20 días del mes de junio de 2023.