La Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas expresa su más enérgica condena al recrudecimiento de las sanciones económicas, comerciales y financieras impuestas a la República de Cuba –especialmente en materia de suministro de petróleo- a partir de recientes decisiones adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos, las cuales propician asfixiar totalmente su economía. Estas medidas profundizan un bloqueo criminal que se extiende por más de seis décadas y que ha generado graves consecuencias sociales, económicas y humanitarias sobre la población cubana, afectando sus derechos fundamentales.
El bloqueo constituye una política sostenida en el tiempo de medidas coercitivas unilaterales carentes de legitimidad desde el derecho internacional. Su continuidad vulnera principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular la igualdad soberana de los Estados, la no intervención en los asuntos internos y el derecho de los pueblos a la libre determinación. De manera reiterada, la Asamblea General de la ONU ha reclamado el cese de esta política, sin que ello haya sido atendido.
Desde una perspectiva regional, resulta ineludible señalar que el objetivo histórico del bloqueo ha sido aleccionar y disciplinar a un país que, en ejercicio de su soberanía, ha decidido adoptar un sistema político, económico y social alternativo al sistema capitalista de producción. Este accionar afecta no solo al pueblo cubano, sino también al principio de autodeterminación que debe regir las relaciones internacionales.
Ello se produce, además, frente a un país que ha realizado aportes significativos a la humanidad, al desarrollo científico, educativo y de la medicina a nivel mundial, particularmente en materia de salud pública, cooperación internacional y formación de profesionales.
La persistencia de políticas y acciones que desconocen flagrantemente el derecho internacional y el sistema multilateral constituye un antecedente peligroso – que se suma a las recientes acciones ilícitas sobre Venezuela y el secuestro de su presidente -, erosiona las normas comunes que regulan la convivencia entre los Estados y debilita aún más, las bases mismas del orden jurídico internacional, afectando los derechos básicos de las trabajadoras y los trabajadores.
