La Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas (ALAL) tuvo una presencia protagónica en la estratégica conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se propone establecer criterios para afrontar debates clave como la incidencia transformadora de la inteligencia artificial y la protección del trabajo a través de plataformas. Matías Cremonte, presidente de ALAL, advirtió que “América Latina está viviendo un momento de peligroso retroceso del derecho social” y ante esa encrucijada la OIT “no puede ser indiferente” y requiere adoptar posiciones en “defensa de la libertad sindical, los derechos laborales y las libertades democráticas”.
“Sabemos que la última frontera contra el despojo es la propia organización de la clase trabajadora, y que las luchas en estas y peores condiciones constituyen su historia y su esencia, y en ellas se encuentra la posibilidad de un futuro mejor”, aseguró Cremonte en la 114ta. Conferencia de la OIT que se desarrolla en Ginebra, Suiza.
Cremonte destacó la “la necesidad de una mayor intervención de los Estados (…) frente a la incidencia de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo”. Sobre el punto afirmó que “el capital impone sus reglas sin respeto alguno por los consensos construidos hace casi un siglo. Las democracias están bajo asedio y el derecho internacional es despreciado por las grandes potencias”.
La línea sobre la que desde hace años viene trabajando ALAL quedó reflejada en la OIT. “América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. Y cada año debemos denunciar nuevos retrocesos”, explicó Cremonte.
El abogado argentino titular de ALAL repasó algunas de las recientes afectaciones de los derechos humanos laborales en la región.
Por ejemplo, puntualizó, “El Perú resiste en las urnas el retorno del fujimorismo, que en los años 90 impulsó reformas laborales regresivas y fue responsable de graves crímenes de lesa humanidad contra el pueblo peruano”.
A su vez, “Ecuador figura nuevamente entre los 10 países con peores condiciones laborales en el mundo, en un contexto de profunda inestabilidad política y democrática marcada por la concentración de poder, la represión militar y la persecución a dirigentes mediante vigilancia, criminalización y bloqueo de cuentas bancarias”.
“La jornada de 8 horas ha sido extendida a 10; la negociación colectiva fue congelada y se eliminaron los contratos colectivos a plazo indefinido; se ejecutaron despidos masivos en el sector público con la consecuente reducción de servicios; la tasa de sindicalización se mantiene entre las más bajas de la región; y el Ministerio del Trabajo redujo la capacidad de regulación y fiscalización de los derechos laborales”.
Cremonte explicó en la OUT que “en Honduras, tras su derogación en 2022, la presión del poder económico logró este año reinstaurar la Ley de Empleo por Hora, retornando modalidades de contratación precaria orientadas exclusivamente a garantizar mayor explotación”.
Finalmente enfatizó la gravedad de la situación argentina, que registro “uno de los retrocesos más profundos” con la reciente reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
“Se destruyó la razón de ser del Derecho del Trabajo, eliminando contrapesos creados para proteger a las y los trabajadores, aumentando la desigualdad real y el sometimiento”, dijo.
“La llamada Ley de Modernización Laboral es en rigor un verdadero retroceso al siglo XIX, que solo beneficia a los empresarios, aumentando su rentabilidad a costa del salario. Se perforó incluso el piso del Convenio Nº 1 de 1919, permitiendo jornadas diarias de 12 horas o más”, agregó.
“Mientras esta Conferencia debate formas de protección para los trabajadores de plataformas, en Argentina se los excluye expresamente de toda tutela, considerándolos emprendedores sin relación laboral alguna”.
El presidente de ALAL señalo que “el mayor ataque es contra la libertad sindical. Se fomenta la negociación por empresa permitiendo perforar los pisos de los convenios de actividad convirtiéndolos en “techos”; se limita la actuación de los representantes en los lugares de trabajo; se elimina el derecho de reunión, y, mediante la ampliación de los servicios esenciales, se prohíbe, de hecho, el ejercicio del derecho de huelga”.
“A ello se suma la criminalización de la protesta social y la represión de manifestaciones, particularmente de trabajadores jubilados que reclaman frente al deterioro de sus condiciones de vida. Pero la ofensiva excede largamente la reforma legislativa. Existe una preocupante convergencia de los tres poderes del Estado en contra de la acción sindical. Desde el Poder Ejecutivo se impulsan políticas de persecución y disciplinamiento de las organizaciones. Así ocurrió con las millonarias sanciones impuestas a la Unión Tranviarios Automotor y a La Fraternidad por el ejercicio de legítimas medidas de acción sindical”.
También destacó el rol del Poder Judicial en esa línea de retroceso social: “Desde el Poder Judicial se avanza sobre la democracia sindical mediante decisiones que desconocen la voluntad de los trabajadores. La reciente intervención de la Unión Obrera Metalúrgica, el mayor sindicato industrial de Argentina, constituye uno de los hechos más graves registrados en los últimos años y representa una injerencia incompatible con los principios de libertad y autonomía sindical. No se trata de hechos aislados. Se observa una acción convergente de los tres Poderes que están al servicio de la clase dominante”.