La Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL), a través de su presidente, Matías Cremonte, participó del debate legislativo sobre la reforma laboral en la Argentina, promovida por el gobierno de Javier Milei, y postuló su rechazo, a la luz de los resultados de otras reformas regresivas en el continente: “no es una reforma laboral, es un reforma empresarial”, sintetizó el titular de ALAL.
“El título de la ley de modernización laboral, pero de modernización no tienen nada. La ley laboral vigente mas reciente, la de teletrabajo, de 2020, y la ley laboral más antigua, la de jornada de trabajo, de 1929, no se toca, ¿Puede haber una contradicción mayor?”, interrogó Cremonte a los diputados de las Comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda, que dictaminaron ayer en forma conjunta previo a la sesión del pleno, que se concretará hoy.
“Lo que se pretende legislar con los trabajadores de plataforma va a contramano de lo que se esté pensando en cualquier país del mundo: el debate es cómo proteger a los que se juegan la vida no cómo asegurar que no se los considere trabajadores. La OIT, incluso, en junio probablemente debatirá un convenio para imitar la explotación de la fuerza de trabajo en plataformas. Esta ley nace en contra de esa tendencia mundial”, dijo.
Cremonte puntualizó que el proyecto de ley del gobierno argentino “aumenta la rentabilidad por la vía de la disminución del salario; promueve la negociación por empresa e imagina que las empresas compitan no por vía de la inversión sino bajando salarios o aumentando las horas de trabajo”.
El proyecto de ley laboral del gobierno de Milei, entre otros aspectos, transforma el sistema de indemnizaciones (sostenido parcialmente en la propuesta por el sistema de Seguridad Social), limita la huelga, debilita la negociación colectiva por actividad, habilita la extensión de la jornada de salario y se propone la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo.