En nombre de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas saludo la memoria presentada por el Director General.
Compartimos la esperanza de volver a un contrato social basado en una sociedad con pleno empleo y salarios dignos, con derechos sociales y libertad sindical.
Esos principios fueron establecidos hace 80 años en la Declaración de Filadelfia, pero presenciamos un ataque por parte de muchos gobiernos de América Latina. En la región más desigual del mundo, coexiste la riqueza extrema con la absoluta pobreza.
Pero eso no es consecuencia de una catástrofe natural. Es una política de gobiernos neoliberales que colocan los Estados al servicio del capital.
Las reformas regresivas son moneda corriente, y una vez que se instauran es muy difícil revertirlas, como lo demuestran los esfuerzos de los pueblos de Colombia, Chile y Brasil.
Y lo grave es el fundamento de gobiernos y empresarios para justificarlas: las presentan como la única forma de generar empleo registrado. Aseguran que el derecho laboral es un obstáculo para el crecimiento económico.
Se trata de una gran falacia. Esta OIT en 2015 encargó un informe para analizar los efectos sociales de la crisis del 2008. Analizó 63 países y constató que en ningún caso una reforma laboral regresiva creó empleo ni mejoró los indicadores sociales ni económicos. Al contrario, en todos los casos, empeoraron.
Está demostrado que las reformas laborales no inciden en la creación de empleo ni en el aumento de la registración, ni mucho menos de los salarios. Es exactamente al revés. El derecho del trabajo nació en contextos de crisis económica. Si hay una emergencia en materia de empleo y de salarios, debe legislarse mayor proteción, y no debilitarla.
Argentina es en este momento el laboratorio del liberalismo mundial, promoviendo su utopía del mercado autoregulado. Se está debatiendo esta semana en el Congreso Nacional una reforma laboral regresiva que, presentada como una modernización de la legislación, es en verdad un retorno al Siglo XIX.
Ni un solo artículo supone un mayor derecho o beneficio para las personas que trabajan.
¿Cómo pueden explicar que la eliminación de las penalidades para los empresarios que no registran una relación laboral vaya a redundar en mayor registración? Por ese camino la informalidad laboral en Chile llegó al 50%, en Paraguay a más del 60% y en Perú al 70%.
Se degradó el Ministerio de Trabajo a Secretaría, restando potestades de control estatal, en benefico económico de los empresarios.
Ampliar el período de pueba redundará en altísima rotación, más precariedad y mayor sumisión para logar ser efectivizado.
Se legaliza el fraude laboral a través de la figura del «trabajador independiente», por fuera de toda protección. Es un retorno al contrato civil en desmedro del contrato de trabajo.
Si el empleador despide por causa de origen étnico, racial, religioso, gremial, de salud, condición física, ideología u orientación sexual, sólo debe pagar un poco más de indemnización. Es un grave retroceso: hoy ese despido discriminatorio es nulo, la persona debe ser reincorporada.
Se desresponsabiliza al empleador principal en casos de tercerización y subcontratación laboral, generando mayor precarización.
En síntesis, es una reforma que intenta deslaboralizar la relación de trabajo quitándole los principios protectorios que le dieron origen.
A eso se suma la posibilidad de despidos justificados por participación en huelgas y medidas de autotutela, en violación al convenio 87 de libertad sindical.
La negociación colectiva está siendo debilitada cuando más se la necesita. En un contexto de altísima inflación, el Estado garantiza un aumento de la rentabilidad empresaria a costa de la continua reducción de los salarios reales.
Debemos mencionar la política de criminalización de la huelga y la protesta social. El Estado argentino restringe el ejercicio del derecho de manifestación y la libertad de expresión.
Por supuesto, el movimiento obrero argentino no es un simple espectador frente a estos ataques. Las centrales sindicales ya han convocado a dos huelgas generales, y a movilizaciones masivas que expresan el descontento social. Y esta semana habrá otra para que no se apruebe este proyecto, demostrando que es la clase trabajadora la que puede enfrentar el avance del neoliberalismo y del neofascismo.
La reforma laboral argentina contradice el derecho internacional del trabajo, y por eso la denunciamos en este foro. La OIT está llamada a defender la acción colectiva y las libertades democráticas, para garantizar realmente el progreso constante y la justicia social, objetivos trazados hace ya 105 años.